Por Taher Kameli
En el año 2000, el Congreso aprobó una ley que protege a las víctimas de delitos como agresión sexual, violencia doméstica y trata de personas en los Estados Unidos con la idea de animarlas a denunciar el crimen. Esta ley se conoce como el estatus de no inmigrante U, o la visa U.
¿Cuáles son los requisitos?
● Ser víctima de un acto criminal cualificado
● Ha sufrido de abuso físico o mental sustancial
● Tiene información acerca de la actividad criminal que las autoridades pueden utilizar para prevenir futuros delitos
● Está dispuesto a ayudar a las autoridades en la investigación o en el proceso penal en contra de la organización criminal
● El crimen tiene que haber ocurrido dentro de los Estados Unidos o si hubo una violación de las leyes de los EE. UU.
● No es necesaria la cancelación de aranceles, la aplicación es completamente gratuita
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene una lista donde se identifican los delitos que califican para una visa U. La lista es compleja; aquí se mencionan algunos de los más importantes:
● Agresión con arma
● Agresión sexual
● Asesinato
● Chantaje
● Contenido sexual abusivo
● Detención ilegal
● Explotación sexual
● Extorsión
● Incesto
● Mutilación genital femenina
● Obstrucción de justicia
● Prostitución
● Rapto
● Secuestro
● Servidumbre involuntaria
● Toma de rehén
● Tortura
● Trabajo forzado
● Trata de esclavos
● Trata humana
● Violación
● Violencia doméstica
Además de contar con los requisitos anteriormente mencionados, la persona debe realizar una denuncia ante cualquier entidad policiaca federal, estatal o local y presentarla a la hora de hacer la solicitud de la visa U. Esta denuncia le servirá a USCIS para complementar el caso penal, incluida su voluntad de ayudar en la investigación, el enjuiciamiento y/o la sentencia de la organización o personas que cometieron el agravio.
La administración ha fijado en 10,000 la cantidad de visas U disponibles para cada año. Desde el 2010 se han recibido más de 10,000 peticiones por año, lo que ha generado un retraso de 1 a 5 cinco años antes de que las víctimas puedan recibir una respuesta y por consiguiente la autorización laboral y acción diferida.
Este artículo fue redactado con el propósito de educar al público en general. En el Bufete de Abogados de Kameli y Asociados podemos asesorarle. Comuníquese con nosotros al (312) 233-1000 o enviándonos un correo a info@kameli.com para más información.
